El número de estafadores que intentan aprovecharse de los temores de los inmigrantes haciéndose pasar por abogados y agentes de ICE se ha disparado desde la reelección de Trump, según determinó ProPublica. Ahora, el DHS afirma que busca identificar y localizar a estos defraudadores.
Por Naisha Roy, Medill Investigative Lab, y J. David McSwane, ProPublica 16 de julio de 2026, 6:00 a. m.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) está investigando una sofisticada red de estafadores que tienen como objetivo a personas en procesos de inmigración, extorsionándolas para quitarles sus ahorros y llevando a algunas a la deportación, después de que un reportaje de ProPublica mostrara que las denuncias de este tipo de fraude se duplicaron durante el segundo gobierno del presidente Donald Trump.
Homeland Security Investigations (HSI), subagencia conocida por rastrear delitos internacionales como la trata de personas, solicitó información sobre casos específicos relatados en el artículo, incluida la historia de una mujer que, temiendo las redadas nacionales de inmigración de Trump, recurrió a alguien que creía que la ayudaría a mantener su estatus legal. Después de que los estafadores tomaran su dinero y la hicieran perder una audiencia judicial, fue deportada a Nicaragua.
Ese fue uno entre miles de casos en los que los estafadores atrajeron a las víctimas mediante publicaciones en redes sociales y las guiaron a través de audiencias judiciales falsas y otros pasos de apariencia oficial, cobrando grandes sumas a lo largo del proceso. Ahora, según fuentes involucradas en la investigación, el gobierno federal está intensificando sus esfuerzos para rastrear las estafas.
En un comunicado, el DHS afirmó que estaba “declarando una ‘guerra total’” contra los estafadores.
“Los estafadores de inmigración contribuyen a un entorno sin ley, socavan nuestro sistema de inmigración y representan riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública”, señaló el comunicado.
Según fuentes con conocimiento de la investigación, el DHS está buscando URLs, números de WhatsApp e información de identificación en la aplicación de pagos Zelle que puedan conducir a los estafadores. La investigación del departamento se intensifica a medida que estas estafas se disparan.
ProPublica analizó datos de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y constató que víctimas y defensores denunciaron el robo de al menos US$ 94,4 millones en cinco años. Las más de 6.200 denuncias incluyeron de todo: desde falsos agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) que exigían datos personales y amenazaban con la deportación hasta defraudadores que pedían dinero a estudiantes internacionales aprovechándose de su condición de visa.
Con frecuencia, los estafadores se hacen pasar por abogados que ofrecen maneras de evitar audiencias presenciales, aprovechándose de la ansiedad incluso entre residentes legales después de que agentes de ICE comenzaran a realizar redadas y detener a personas durante procesos de inmigración.
Los expertos afirman que los estafadores suelen anunciarse en sitios como Facebook y TikTok antes de trasladar la conversación a WhatsApp, donde piden dinero a cambio de comprobantes de trámites migratorios de apariencia oficial. Conocidas a veces como “notario fraud”, estas estafas suelen basarse en una traducción equivocada de la palabra “notary” (notario), que en muchos países de América Latina implica credenciales jurídicas.
En las últimas semanas, organismos como el Departamento de Estado de Nueva York, el Colegio de Abogados de Florida (Florida Bar) y departamentos de policía locales emitieron alertas sobre estas estafas. La American Bar Association, que también ha estado alertando sobre impostores, ha estado recientemente en contacto con investigadores del DHS.
En el sur de Florida, el abogado de inmigración Angel Leal se encontró con cientos de videos generados por IA que utilizaban su imagen para ofrecer ayuda por WhatsApp. Su oficina tuvo que contratar a una empresa contra la piratería para retirar el contenido y más de 6.000 perfiles falsos, según reportajes de la prensa local.
Los videos, cientos de ellos en Instagram, son sorprendentemente realistas. “Leal” aparece sentado en una silla de oficina, con vello facial y expresiones que coinciden con las del abogado real. La figura generada por IA habla español con fluidez, con gestos enfáticos de las manos, una planta o una taza en primer plano y un diploma de Derecho al fondo. Detalles sutiles delatan el engaño: algunos movimientos de los labios no coinciden con las palabras, aparecen textos sin sentido en documentos y los objetos se fusionan.
Defensores y autoridades afirman que las personas que sean blanco de estas prácticas deben documentar todos los anuncios, conversaciones por mensajes e información de pago. Y el DHS advierte a los consumidores que desconfíen de los abogados que se anuncian directamente en las redes sociales, operan por WhatsApp y aceptan pagos mediante Zelle.
En abril, ProPublica habló con varias víctimas que comparecieron en audiencias judiciales falsas por WhatsApp y relataron sus historias a “agentes” que vestían uniformes gubernamentales falsos. Los expertos señalan que los hispanohablantes son los principales objetivos, y los estafadores con frecuencia fingen estar vinculados con grupos de defensa prominentes como Catholic Charities USA, que se ha visto inundada de reportes sobre defraudadores que utilizan su marca para encontrar posibles víctimas.
“Contactar directamente a las personas mediante un anuncio o por WhatsApp y pedir dinero a través de Zelle no es algo que las agencias de Catholic Charities harían jamás”, dijo Kevin Brennan, vicepresidente de relaciones con los medios de Catholic Charities USA.
Estos grupos han tenido dificultades para eliminar anuncios y cuentas de impostores. Incluso cuando lo logran, resulta barato y fácil para los estafadores crear nuevos sitios web y perfiles.
“Es Whac-a-Mole”, dijo Charity Anastasio, de la American Immigration Lawyers Association, otra entidad cuyo equipo e imagen han sido imitados.
Fuente: Propublica
Contenido producido por el equipo editorial de Linhares Law.
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